⚖️🌎 📜 La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre sus principales restricciones fijaba un máximo del 15% de la superficie de tierras rurales de cada territorio nacional, provincial y departamental en manos extranjeras, además de un límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo.

🏛️ Con su decisión, la Corte dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se había derogado la Ley de Tierras. En la práctica, vuelven a quedar sin vigencia los límites específicos que establecía esa normativa para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

⚠️ Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que su decisión NO implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. La Corte fundamentó el fallo principalmente en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para promover esa acción colectiva y que no existía un caso concreto que habilitara la intervención judicial.

🌎 La decisión reabre el debate sobre la propiedad de tierras rurales argentinas y el alcance de las restricciones para capitales y personas extranjeras. Con la derogación vigente, actualmente no existe una ley específica que establezca aquellos límites porcentuales y de superficie que regían desde 2011.

🏛️ El escenario también vuelve a poner el foco en el Congreso. El Senado había rechazado el DNU 70/2023 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca lo rechazó. Según el régimen vigente para los decretos de necesidad y urgencia, el rechazo de una sola de las cámaras no alcanza para dejarlo sin efecto.

📌 Tras el fallo, distintos sectores de la oposición reclamaron que Diputados avance con el tratamiento del DNU y vuelva a discutir legislativamente el régimen de tierras rurales. Mientras tanto, la derogación de la Ley 26.737 permanece vigente por efecto de la decisión judicial.

🔎 La discusión queda así planteada entre quienes consideran que eliminar las restricciones puede facilitar inversiones y operaciones inmobiliarias rurales y quienes advierten sobre la necesidad de preservar límites para la propiedad extranjera de tierras, especialmente en zonas vinculadas con recursos estratégicos.