⚓💬 La discusión comenzó cuando Caputo publicó en X su visión sobre el poderío militar que debería alcanzar el país. Un usuario le respondió que, antes de pensar en una gran flota naval, el Gobierno debía garantizar salarios dignos para el personal de la Armada.

La respuesta del asesor incluyó un listado de medidas con las que, según su planteo, podrían liberarse recursos para atender esas necesidades.

✂️ Los recortes que puso sobre la mesa

Entre las propuestas mencionadas aparecen:

🔹 Eliminar lo que calificó como “el millón de pensiones por invalidez que sobran”, una afirmación que requeriría datos y criterios concretos para determinar a qué beneficiarios se refiere.

🔹 Cobrar servicios de salud y educación a ciudadanos extranjeros.

🔹 Derogar la ley de financiamiento universitario.

🔹 Terminar por completo con la obra pública.

🔹 Recortar el gasto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), al que cuestionó por destinar, según sus palabras, US$600 millones a un organismo que “no sirve para nada”.

🛡️ El debate sobre el gasto y la defensa nacional

Las declaraciones ponen en discusión cuáles deberían ser las prioridades presupuestarias del Estado: mejorar los salarios y el equipamiento militar, sostener las prestaciones por discapacidad, financiar las universidades y mantener la inversión científica y la obra pública.

En el caso del CONICET, su presupuesto vigente para 2026 asciende a aproximadamente $634.920 millones. La cifra expresada en dólares por Caputo no debe confundirse automáticamente con el presupuesto total del organismo, ya que corresponde analizar el período y los conceptos incluidos en esa estimación.

📌 La polémica vuelve a exponer una discusión de fondo: cómo financiar una mayor capacidad de defensa sin perder de vista el impacto que los recortes propuestos podrían tener sobre las personas con discapacidad, la educación, la investigación científica y la infraestructura del país.