El máximo tribunal anuló el fallo de Casación que había dejado el expediente en el juzgado de Campana. Los jueces señalaron que la investigación excede la compra del inmueble y apunta a una compleja maniobra de lavado de activos y presunto desvío de fondos con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó este jueves una resolución clave que complica la estrategia judicial de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al dejar sin efecto el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que había otorgado la competencia del caso al Juzgado Federal de Campana. De este modo, el expediente por la denominada mansión de Pilar quedará bajo la órbita de los tribunales de Comodoro Py, en manos del juez federal Daniel Rafecas.
En una sentencia de 17 páginas firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal fundamentó su intervención al advertir que la asignación previa configuraba una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia”, afectando de manera severa la garantía del juez natural y apartándose tanto de las constancias de la causa como de la normativa aplicable.
Una trama financiera más allá del inmueble de Pilar
Al analizar el fondo de la disputa jurisdiccional, los jueces remarcaron que Casación incurrió en un error al tomar como único criterio la ubicación geográfica de la propiedad situada en Villa Rosa, partido de Pilar, adquirida por la firma Real Central SRL.
Según destacó la Corte, el objeto real de la pesquisa no se reduce a una operación inmobiliaria aislada, sino que abarca una investigación compleja sobre presunto lavado de activos mediante un entramado societario y financiero, que incluye la constitución y modificación de sociedades, cesión de participaciones, ampliaciones de capital, transferencias, compra de vehículos de alta gama y caballos, además de movimientos en circuitos financieros internacionales.
Para los magistrados, todas estas maniobras estarían presuntamente vinculadas con la administración de recursos de la AFA y un eventual desvío de fondos, por lo que la propiedad en Pilar representó únicamente el disparador de la denuncia inicial y un primer indicio patrimonial, pero no el núcleo de la operatoria. Asimismo, cuestionaron que Casación haya omitido deliberadamente analizar los argumentos del fiscal general Villar respecto de los elementos objetivos que vinculaban los hechos con la jurisdicción porteña.
Los vínculos con la Ciudad de Buenos Aires
En su resolución, el tribunal enumeró los factores concretos que determinan que el caso deba tramitarse en territorio porteño:
- Tanto la sede social de Real Central SRL como la sede central de la AFA (ubicada en Viamonte 1366, donde se habrían adoptado las decisiones de gobierno, administración y disposición de fondos) se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Los domicilios de las empresas y personas denunciadas también radican en dicha jurisdicción, lugar donde además se habrían ejecutado los delitos investigados.
Por estos motivos, la Corte concluyó que el Partido de Pilar no constituye el centro de dirección ni de desarrollo de las maniobras bajo sospecha, recordando además que el criterio adoptado sigue la misma línea de fallos recientes en otras causas que involucran a la entidad rectora del fútbol argentino y cuya competencia también quedó radicada en la capital del país.