⚖️🚨 📄 El requerimiento fiscal, de 65 páginas, describe una serie de hechos que los investigadores consideran de gravedad. Entre los elementos mencionados aparecen dos grupos de WhatsApp utilizados presuntamente para coordinar operaciones, 116 cheques, proveedores bajo sospecha y movimientos de fondos públicos.

💻 Uno de los puntos que más preocupa a los fiscales es el supuesto borrado remoto de información de teléfonos celulares que ya se encontraban bajo custodia judicial. Para la acusación, esta situación podría configurar un intento de afectar o eliminar elementos de prueba relevantes para la investigación.

💰 La Fiscalía sostiene además que las maniobras investigadas podrían haber generado un perjuicio económico que, según distintos cálculos incorporados al expediente, superaría los $900 millones. El caso incluye presuntas contrataciones irregulares, utilización de fondos públicos y el supuesto vaciamiento de bienes y recursos de la Casa de la Música.

⚠️ En el pedido, los fiscales atribuyen a Beltrán un presunto rol de organizador de una asociación ilícita y sostienen que, por la cantidad y gravedad de los delitos investigados, la expectativa de pena podría superar holgadamente los 30 años de prisión. Se trata de la hipótesis de la Fiscalía y no de una condena.

🏛️ El desafuero deberá ser tratado por la Cámara de Diputados de San Luis. Para avanzar hacia una eventual detención del legislador, primero deberá resolverse su inmunidad parlamentaria. La Constitución provincial establece que el desafuero requiere una mayoría de dos tercios de los diputados presentes.

👀 La situación política es especialmente delicada porque Beltrán continúa ocupando una banca mientras la Justicia investiga hechos vinculados con la administración del Molino Fénix durante el período 2020-2023. En agosto, la Justicia ya había dictado 60 días de prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras que Beltrán quedó sujeto al trámite de desafuero.

🔎 Ahora la pelota está en la Legislatura: los diputados deberán analizar un expediente que no solo plantea un presunto perjuicio millonario para el Estado, sino también el posible riesgo de pérdida o destrucción de pruebas. La decisión sobre el desafuero será una de las claves para determinar hasta dónde podrá avanzar la Justicia contra el legislador.