Una iniciativa del máximo tribunal llama la atención sobre los mecanismos de designación de jueces, pero puede leerse como una alerta más amplia

Si se le preguntara a cualquier ciudadano qué relación cree que existe entre su vida cotidiana y la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, seguramente nos diría que ninguna. Sin embargo, detrás de ese nombre burocrático y desangelado se esconde, quizá, uno de los debates más relevantes que se han planteado en la Argentina en los últimos años. Tiene que ver con la calidad y la idoneidad de los jueces, pero puede leerse como un llamado de atención sobre algo mucho más amplio: la seriedad con la que se eligen los hombres y las mujeres que, en distintos estamentos del Estado, deciden sobre el patrimonio, la libertad, la familia y la honra de los ciudadanos.

Con esa acordada, lo que ha hecho la Corte es impulsar un sistema más confiable y riguroso en el proceso de selección y designación de magistrados nacionales. Antes que una propuesta, en el fondo es un diagnóstico: el mecanismo vigente ofrece demasiado margen para la discrecionalidad y la politización, en desmedro de la evaluación técnica y los antecedentes académicos y profesionales. Lo que nos está diciendo el máximo tribunal de la Nación es, “cuidado”: el sistema no está diseñado para elegir a los mejores, sino a los que tengan mayor “palanca” política; tal vez a los que garanticen mayor “lealtad” al poder de turno y a los que sean más habilidosos para operar en “la rosca”.

Es necesaria una breve explicación: el Consejo de la Magistratura es un órgano integrado por jueces, legisladores, representantes de los abogados y un funcionario del Poder Ejecutivo. Se encarga de evaluar a los aspirantes a jueces y conformar las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo para proponer sus designaciones.

La Corte, que conoce como nadie la calidad de los jueces con los que “ara”, acaba de encender una luz de alerta e impulsa cambios en varios aspectos medulares del sistema. Propone exámenes más rigurosos, evaluaciones anónimas, y una menor incidencia, en el puntaje final, de la entrevista personal. En definitiva, un regreso a la cultura del mérito y un retroceso del amiguismo y el acomodo, dos mecanismos que han colonizado la forma de acceso a los lugares más encumbrados del Estado.

La arbitrariedad y el favoritismo para definir designaciones son rasgos de una cultura que excede al Poder Judicial y atraviesa, de punta a punta, la vida institucional de la Argentina. Puede decirse que en la Justicia los concursos han sido desvirtuados y en algunos casos, amañados. Pero en otros estamentos del Estado fueron directamente abolidos.

Para asomarse a la magnitud del problema vale la pena reparar en este párrafo de un informe de CIPECC que firman Gonzalo Diéguez, Jimena Rubio y Laura Zivanic: “Desde inicios de 2002, la función directiva del Estado nacional ha sido cubierta centralmente de modo discrecional. En diciembre de 2018, el 93% de los directores nacionales y generales de la Administración Pública Nacional estaba designado de forma transitoria y el 80% estaba exceptuado de requisitos.

El gobierno nacional, que ha tenido el acierto de poner en debate la dimensión y el financiamiento del Estado, ha exhibido-sin embargo- muy pocos avances y hasta groseros retrocesos en la búsqueda de profesionalismo y jerarquización de los recursos públicos. 


La Argentina tuvo una larga y rica tradición en materia de formación y selección de funcionarios públicos. Uno de los modelos más virtuosos, que ha logrado, incluso, sobrevivir a los embates del populismo, es el del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), que fue creado a través de un decreto de 1963 y, luego, jerarquizado por ley en 1975. 

La iniciativa de la Corte descorre el velo, en definitiva, sobre un problema que no solo excede a la Justicia sino también a la política. En la Argentina se ha devaluado el examen como engranaje cultural. Para el ingreso a las universidades, por ejemplo, el único requisito es presentar el DNI. Ni siquiera es necesario el título secundario, según el artículo séptimo de la ley de educación superior. Muchos colegios, para definir las vacantes, apelan al sorteo de la Lotería: evaluar es “estigmatizante”, lo mismo que poner aplazos. El docente que reivindica la exigencia es descalificado como cultor del “dificilismo”.

La opacidad en los sistemas de designación produce, además, un efecto injusto: afecta la credibilidad y el prestigio de muchos jueces y funcionarios que honran los lugares que ocupan y tienen trayectorias ejemplares.