«Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento». Lo dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, esta semana, tras calificar de «impresionantes» los «avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral».
A partir de esa cuestionable interpretación sobre los resultados reales del rumbo emprendido por el Gobierno libertario, el organismo liberó un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares.
No es de extrañar el enfoque del FMI ni la promoción de sus habituales recetas, sustentadas en teorías neoliberales y aprovechadas por grupos concentrados de alta rentabilidad y también por Gobiernos del exterior ávidos de asegurarse la provisión de alimentos, minerales, hidrocarburos e insumos básicos para sus empresas.
El «mayor esfuerzo» que se demanda desde Washington –coincidente con las propuestas gubernamentales– parece decir que no fueron suficientes los padecimientos de la mayor parte de la población y particularmente de su entramado pyme.
Vale preguntarse, ¿fue poco el cierre de 257 empresas solo durante el mes de febrero pasado? ¿No basta con el cese de actividades de 24.347 firmas durante todo el período de gestión de Javier Milei?
Esos datos fueron suministrados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y muestran que la situación en esta materia es peor que la registrada durante la pandemia de coronavirus, cuando quebraron 21.405 empresas.
Tendencia
Las políticas actuales son en gran medida las responsables de la pérdida de 327.813 empleos registrados desde fines de 2023. Se pueden también medir los esfuerzos del grueso de la ciudadanía a través de la evolución de los salarios reales de los trabajadores registrados. Sería erróneo afirmar que esos ingresos eran óptimos en el primer trimestre de 2025. Pues bien, un año después retrocedieron 3,4% y están hoy 11,4% por debajo de enero-marzo de 2023.
Otro indicador: el encarecimiento de la canasta de servicios públicos en menos de dos años y medio fue superior al registrado por el promedio de precios de la economía. Según los datos del INDEC, los primeros aumentaron 482% frente a 303,5% de la suba de precios en el nivel general.
A falta de buenas noticias reales, y mientras siguen sin cumplirse los vaticinios de baja definitiva de la inflación formulados durante la campaña electoral de 2023, el Gobierno festejó la suba del Estimador Mensual de la Actividad Económica de marzo, que repuntó 3,5% con relación a febrero (en la serie sin estacionalidad) y 5,5% interanual.
Si en cambio se toma el primer trimestre de 2026 y se lo compara con igual período del año anterior, la suba llega al 1,7% y es explicada en gran medida por Agricultura y Ganadería (18%); Minas y canteras (que incluye hidrocarburos, 18%) e Intermediación Financiera (7%).
A la vez, Industria manufacturera cayó 2,3%, al igual que Comercio mayorista y minorista (-2,4%). Una evolución que evidencia el resultado de las políticas del Gobierno.
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Se celebran asimismo en los despachos oficiales los anuncios de abultadas inversiones, muchas de ellas en áreas mineras y en infraestructura, como si se tratara de aportes de efectos inmediatos, cuando sus resultados concretos se verían en años, si no en lustros.
La Argentina tiene petróleo, gas, agua, tierras raras, litio y casi todos los recursos naturales que actualmente están en el centro de las grandes disputas geopolíticas globales. Por lo tanto, es probable que en algún momento lleguen inversiones hacia estos sectores, que luego generen actividad y exportaciones.
Alternativas
En este marco, debemos aspirar a que en la próxima elección tengamos una propuesta lo suficientemente clara, amplia y plural como para poder plantear una alternativa verdadera al actual modelo.
De nada sirve que por querer seducir al electorado la oposición termine cayendo en postulados básicos del actual Gobierno y en programas neoliberales. El modelo alternativo debe basarse en un Estado presente, a través de regulaciones y políticas que apunten al desarrollo del mercado interno y a sistemas de salud y educación pública fuertes, que bregue por el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología públicos, y por el desarrollo regional y provincial, entre otros tantos temas. Y que, en definitiva, se oriente a mejorar el bienestar de la mayor parte de la ciudadanía.