La decisión genera alivio entre familias y profesionales que advertían sobre una situación crítica en el sistema.
¿Qué resolvió la Justicia?
• La medida obliga al PAMI y al Ministerio de Salud a regularizar pagos atrasados relacionados con tratamientos y prestaciones de discapacidad.
• El fallo establece un plazo máximo de 72 horas para cumplir con la disposición judicial.
• La resolución surgió tras reclamos de prestadores, terapeutas y familias afectadas por interrupciones en la atención.
Un conflicto que venía creciendo
En las últimas semanas, distintos sectores denunciaron atrasos en pagos que ponían en riesgo terapias, transporte, acompañantes terapéuticos y centros de atención.
Prestadores advertían que muchos servicios estaban funcionando al límite por falta de recursos y acumulación de deuda estatal.
Preocupación por la continuidad
La situación había generado fuerte preocupación entre familias de personas con discapacidad, que temían interrupciones en tratamientos fundamentales.
Ahora, el foco estará puesto en si el Gobierno cumple efectivamente con el plazo fijado por la Justicia y logra destrabar el conflicto en el sistema de prestaciones.