La medida fue impulsada por la gestión de Axel Kicillof tras detectar cláusulas consideradas irregulares dentro de los contratos de adhesión de la plataforma.

La Provincia le dio a la empresa un plazo de 5 días hábiles para modificar o eliminar los puntos cuestionados. En caso de no hacerlo, la firma podría enfrentar sanciones que superarían los $1.800 millones.

📌 Los principales puntos bajo investigación:

1️⃣ Cobros y tarifas con modificaciones automáticas sin suficiente claridad para el usuario.
2️⃣ Cláusulas que trasladarían responsabilidades al consumidor ante operaciones no autorizadas.
3️⃣ Exenciones de responsabilidad de la empresa frente a fallas técnicas o problemas en la plataforma.
4️⃣ Débitos y compensaciones sobre cuentas vinculadas a terceros.
5️⃣ Condiciones de jurisdicción que podrían perjudicar a los consumidores.

Además, el gobierno provincial aseguró que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos de consumidores en Buenos Aires, con cerca de 2.400 denuncias registradas solo en los primeros meses del año.

Desde el entorno de Marcos Galperin todavía no hubo una respuesta oficial contundente, aunque el conflicto ya generó fuerte repercusión política y económica por tratarse de una de las empresas tecnológicas más importantes de América Latina.

⚠️ La investigación se da en medio de un creciente debate sobre los derechos de los usuarios en plataformas digitales, especialmente en servicios financieros y de comercio electrónico que manejan millones de operaciones por día.