La decisión se da tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó la evolución patrimonial del funcionario.
Según el requerimiento fiscal, existen elementos iniciales que justifican profundizar la investigación. En ese sentido, Pollicita solicitó el impulso de la acción penal y una serie de medidas de prueba orientadas a analizar en detalle el patrimonio de Adorni.
🔺Qué se investiga
La denuncia sostiene que el funcionario habría experimentado un incremento patrimonial “desproporcionado” en relación con sus ingresos declarados como funcionario público.
Este punto es clave en causas de este tipo, ya que la Justicia busca determinar si los bienes y movimientos financieros pueden justificarse con ingresos legales.
🔺Las medidas solicitadas
El fiscal pidió una docena de medidas de prueba, que incluirían:
• Relevamiento de bienes registrables (propiedades, vehículos, entre otros)
• Análisis de cuentas bancarias y movimientos financieros
• Cruces de información con organismos fiscales
• Revisión de declaraciones juradas patrimoniales.
Estas herramientas son habituales en investigaciones por enriquecimiento ilícito, ya que permiten reconstruir la evolución económica del acusado y detectar posibles inconsistencias.
🔺Un proceso en etapa inicial
Por el momento, la causa se encuentra en una fase preliminar. La imputación no implica culpabilidad, sino la apertura formal de una investigación para reunir pruebas y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual acusación.
El expediente ahora quedará en manos del juez interviniente, quien deberá definir si da curso a las medidas solicitadas por la fiscalía y cómo continúa el proceso.
Por ahora, la atención está puesta en el desarrollo de las pruebas y en la capacidad de la Justicia para esclarecer si existió o no un incremento patrimonial injustificado.