Desde este sábado comenzó a aplicarse formalmente el nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el país. La normativa deroga las leyes vigentes desde 1980, fija un tope máximo de 15 años de condena, prohíbe la prisión perpetua y establece penas alternativas para delitos menores.

Tras cumplirse el plazo legal de 180 días desde su promulgación en el Boletín Oficial, la República Argentina atraviesa una transformación estructural en su administración de justicia. A partir de este sábado 5 de septiembre, comenzó a regir formalmente el nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual deroga las legislaciones promulgadas durante la última dictadura militar en 1980 y marca un antes y un después: la reducción de la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años.

Con la entrada en vigencia de esta reforma sancionada por el Congreso de la Nación, los adolescentes de 14 y 15 años pasan a ser considerados penalmente responsables frente a la comisión de hechos tipificados como delitos. Bajo el esquema anterior, los menores de 16 años eran tratados como inasistibles por el sistema penal, quedando supeditados a decisiones tutelares de los jueces sin juicio ni condena formal.

Nuevos límites, prohibición de perpetua y penas alternativas

El nuevo marco regulatorio establece pautas diferenciadas según la gravedad del hecho cometido. Como puntos centrales, la ley prohíbe de manera absoluta la prisión perpetua para menores y fija un tope máximo de 15 años de presidio. Además, restringe el uso de la cárcel efectiva como último recurso.

En el caso de los delitos con penas en expectativa que no superen los tres años de prisión, queda expresamente prohibido el encarcelamiento efectivo. Para estas situaciones, la Justicia deberá imponer sanciones alternativas de carácter educativo, resarcitorio o asistencial. Estas incluyen medidas como la prohibición de contacto con la víctima, la prestación de servicios a la comunidad, la asistencia a programas de reinserción o el monitoreo mediante tobillera electrónica.

Por último, la normativa también modifica los parámetros para los adolescentes de 16 y 17 años. Mientras que con el viejo esquema solo eran imputables en delitos con penas superiores a los 2 años, con la actual ley quedan alcanzados por procesos penales en todo tipo de infracciones, manteniendo las restricciones de prisión efectiva para aquellas condenas menores a los 3 años.