La nueva norma garantiza cupos de participación y un piso salarial para músicos y bailarines locales en eventos que cuenten con apoyo estatal. Además, exigirá a los artistas que vengan de otras provincias incluir obras del repertorio sanluiseño en sus presentaciones.
En un paso histórico para la cultura de la provincia, la Cámara de Senadores de San Luis sancionó por unanimidad la Ley de Fomento y Protección del Artista Folklórico y Popular Sanluiseño. La iniciativa, que contó con el acompañamiento de todos los legisladores tras el despacho favorable de las comisiones intervinientes, busca resguardar el trabajo local y poner en valor las tradiciones cuyanas en cada rincón de la provincia.
La ley será de aplicación obligatoria en todos los festivales, fiestas provinciales y eventos organizados o auspiciados por el Gobierno o los municipios que reciban aportes del Estado provincial. Uno de sus puntos centrales es el "cupo local": la norma exige que, por cada artista de otra jurisdicción que sea contratado, se deberá incluir en la programación al menos a un artista radicado en San Luis.
Caché mínimo y cultura obligatoria
Para garantizar una remuneración justa, la ley establece un piso salarial basado en Unidades Fijas (UF), donde cada unidad equivale al valor de un litro de nafta súper. De esta manera, el caché no podrá ser inferior a 300 UF para solistas y dúos, 500 UF para tríos y cuartetos, y 800 UF para agrupaciones de cinco o más integrantes.
Además, los artistas foráneos tendrán que rendirle tributo a la provincia anfitriona: los músicos invitados deberán incluir al menos una canción del registro provincial en su repertorio, mientras que los bailarines estarán obligados a presentar al menos una danza folclórica cuyana.
Para acceder a estos beneficios, los artistas locales deberán acreditar domicilio en San Luis, contar con dos años de residencia y estar inscriptos en el Registro Provincial de Artistas Folklóricos y Populares (Repar). El Ministerio de Turismo y Cultura será el órgano de control y tendrá la potestad de suspender los subsidios hasta por un año a aquellos organizadores que incumplan con los cupos o los pagos establecidos.