Rumores en el ámbito judicial indican que, mediante presiones, la denominada “mesa judicial poggista” buscaría sostener causas contra ex integrantes del gobierno provincial anterior. Señalan a las nuevas autoridades de la Fiscalía de Estado de llevar a cabo estas maniobras operativas.
El clima en los pasillos de la Justicia puntana atraviesa horas de suma tensión. En diferentes ámbitos de los tribunales hay una creciente preocupación por sostenidos comentarios que apuntan a una intensificación de las presiones sobre fiscales y funcionarios. El objetivo de estas maniobras, adjudicadas a la denominada "mesa judicial poggista", sería sostener a toda costa diversos expedientes contra exfuncionarios de la gestión provincial anterior.
Según los trascendidos, este "operativo apriete" habría tomado un fuerte impulso recientemente, coincidiendo con los cambios en la cúpula de la Fiscalía de Estado. Tras la renuncia de Fabiana Zárate, Rafael Berruezo asumió como responsable del organismo y es señalado en los pasillos como una de las caras visibles de estas acciones.
Control estricto y denuncias de adulteración
Las versiones indican que Berruezo, en conjunto con el Jefe de la Sala Penal de la Fiscalía, el abogado Santiago Calderón Salomón, estarían digitando todos los movimientos de las causas judiciales. Además, se los acusa de vigilar con "ojo de lupa" cada una de las resoluciones y decisiones que toman los fiscales en su labor diaria.
El punto más grave y alarmante de esta situación habría ocurrido en estos últimos días dentro de la Primera Circunscripción Judicial. De acuerdo a la información que circula en el ámbito forense, un fiscal estaría sufriendo constantes presiones para obligarlo a adulterar las fechas de una causa. Esta maniobra buscaría revivir un expediente que, por los plazos legales correspondientes, ya se encontraría prescripto o directamente caído.