La crisis económica cortó de raíz el vínculo familiar. Parientes de internos oriundos de La Pampa que cumplen sus condenas en las cárceles puntanas alzan la voz y piden a la Justicia que los acerquen a su provincia. Aseguran que los costos de los pasajes hacen imposible sostener las visitas regulares.

Una condena paralela para las familias

El sistema penitenciario vuelve a estar en el centro del debate, pero esta vez el foco no está puesto en la infraestructura de las cárceles de San Luis, sino en el drama geográfico y económico que sufren las familias de los reclusos. Familiares de presos oriundos de la provincia de La Pampa, que actualmente se encuentran alojados en los penales puntanos, iniciaron un fuerte reclamo exigiendo el traslado urgente de los internos a su provincia de origen.

El motivo central es claro y contundente: el viaje de 1.200 kilómetros (entre ida y vuelta) que deben realizar para poder concretar una visita se ha vuelto una misión absolutamente "insostenible" para los bolsillos de estas familias en el contexto económico actual.

El derecho al vínculo familiar, en jaque

Para quienes tienen a un ser querido privado de su libertad, las visitas semanales o quincenales son el único sostén emocional y una pieza fundamental para la futura reinserción social. Sin embargo, el costo de los pasajes de micro, el alojamiento temporal, la comida y la vianda que le llevan a los internos, transforman cada viaje a San Luis en un gasto inalcanzable.

"Estamos hablando de familias que muchas veces son el único sustento de esos internos. Si no viajan, el preso queda en un aislamiento total, sin recibir ropa, comida ni contención emocional", argumentan quienes impulsan el reclamo. Hoy en día, muchas madres, parejas e hijos llevan meses sin poder ver a sus familiares alojados en territorio puntano simplemente porque no pueden pagar el boleto.

El pedido a las autoridades

Cabe recordar que la presencia de internos pampeanos en San Luis responde, históricamente, a convenios interprovinciales por cuestiones de cupo o logística en el Servicio Penitenciario. No obstante, las familias exigen que los juzgados de ejecución penal revisen estos acuerdos y prioricen el acercamiento familiar, un derecho amparado por las leyes de ejecución penal.

Mientras la burocracia judicial avanza a paso lento, las familias siguen sacando cuentas que no cierran, esperando que alguien firme el traslado que acorte los 1.200 kilómetros de angustia.