Mayte Reyna del Portugal Escudero recuperó su libertad este domingo tras vencerse el plazo de su prisión preventiva. La Justicia le impuso estrictas normas de conducta, mientras que la fiscalía y la Municipalidad ya apelaron la decisión. Los lotes comercializados ilegalmente pertenecen al Estado.
Un nuevo capítulo judicial sumó indignación al millonario caso de estafas inmobiliarias en Villa Mercedes. Este domingo 16 de agosto, Mayte Reyna del Portugal Escudero, la mujer acusada de engañar a 28 familias con la venta ilegal de terrenos, quedó en libertad luego de que se agotara la prórroga de su prisión preventiva.
La polémica decisión fue dispuesta por la jueza Natalia Perereyra Cardini. Si bien la magistrada ordenó su liberación, Escudero continuará fuertemente vinculada al proceso penal y deberá cumplir con reglas de conducta inquebrantables. Entre ellas, la Justicia le prohibió salir de la provincia de San Luis, le impidió tener contacto con otras personas involucradas en la causa, la obligó a fijar residencia en Villa Mercedes y le exigió presentarse a firmar cada 15 días ante el Ministerio Público Fiscal.
Rechazo y apelación
La medida generó un rápido rechazo por parte de las autoridades intervinientes. El fiscal a cargo de la causa, Leandro Estrada, había solicitado extender la prisión preventiva por 40 días más, pero su pedido fue denegado. Ante este escenario adverso, tanto la fiscalía como los abogados representantes de la Municipalidad presentaron un recurso de revisión, por lo que la liberación de la acusada deberá ser analizada próximamente por el Colegio de Jueces.
La gran estafa
Según consta en la investigación judicial, Escudero llevó a cabo una maniobra fraudulenta mediante la cual celebró múltiples convenios de cesión de derechos posesorios sobre lotes que no eran de su propiedad.
Los terrenos en cuestión se encuentran ubicados en la zona del barrio Familia Unida. El engaño afecta un total de 16 manzanas que, en realidad, habían sido adquiridas legítimamente por la Municipalidad de Villa Mercedes y posteriormente cedidas al Gobierno de la provincia de San Luis para el desarrollo urbano, dejando a decenas de familias trabajadoras sin sus ahorros y sin el sueño de la casa propia.