La ex diputada provincial fue imputada como jefa de una asociación ilícita que desvió fondos millonarios durante su gestión en el Molino Fénix. La Justicia ordenó su traslado a la cárcel por dos meses y solicitó el desafuero de su pareja, el actual diputado Joaquín Beltrán.

La Justicia de San Luis dispuso un duro golpe contra la corrupción tras una maratónica audiencia de siete horas en los tribunales de Villa Mercedes. El juez Santiago Ortiz dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses para la ex diputada provincial Anabela Lucero, acusada de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado en más de $900 millones de pesos entre los años 2020 y 2023.

Junto a Lucero, también fueron enviados a la cárcel su hermano, Enzo Lucero, y su cuñado, Exequiel Scarel, imputados como partícipes necesarios. En tanto, el Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero del diputado Joaquín Beltrán (pareja de Lucero) para poder proceder con su detención. Un quinto imputado, Diego Torres, mantuvo su libertad por haber estado siempre a disposición de la Justicia.

Un "municipio paralelo", desvío de fondos y quema de pruebas

Según la acusación formulada por el fiscal José Olguín, Lucero y su entorno íntimo montaron una estructura para desviar fondos públicos del Molino Fénix mediante facturaciones falsas y contrataciones irregulares a empresas de otras provincias que no eran proveedoras del Estado. De 116 cheques analizados, la fiscalía advirtió que apenas 4 se encontraban en regla. Los fondos habrían sido utilizados, entre otras cosas, para financiar campañas electorales.

El nivel de impunidad detallado en la audiencia incluyó gravísimas acusaciones por ocultamiento y destrucción de evidencia. La fiscalía relató que, ante el inminente cambio de gobierno a mediados de 2023, los imputados llegaron al extremo de quemar registros contables en un horno de barro, además de borrar remotamente la información de sus teléfonos celulares cuando ya se encontraban secuestrados por el Poder Judicial.

"No soy Cristina"

Durante su defensa, Anabela Lucero insistió en que es víctima de hostigamiento y persecución institucional. Tras tildar de "psicópata" al fiscal, apeló a la perspectiva de género e intentó frenar su encarcelamiento ofreciendo 4 millones de pesos de fianza y restricciones de acercamiento. "Soy una mujer, soy una figura política, soy mamá y esto es una causa política. Soy inocente", argumentó.

Sin embargo, su frase más resonante llegó minutos antes de escuchar el fallo que la enviaría esposada a prisión: "Yo no soy Cristina para que me proscriban y me manden presa", sentenció, en un intento final que no logró torcer la contundente decisión del magistrado.