Con 30 votos a favor, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva al proyecto que habilita el llamado a una Convención Constituyente. Entre los ejes centrales del debate estarán el límite a las reelecciones, la eliminación de las elecciones de medio término, cambios en el Poder Judicial y la jerarquización del agua.
La provincia de San Luis se encamina hacia una histórica modificación de su Carta Magna. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría especial (30 votos afirmativos contra 13 negativos) el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial de 1987. La iniciativa ya contaba con la media sanción del Senado.
Es importante destacar que esta aprobación legislativa no modifica los artículos de manera directa, sino que habilita la convocatoria a una Convención Constituyente. La misma estará conformada por 52 convencionales que serán elegidos por la ciudadanía durante los próximos comicios generales. El esquema aprobado contempla revisar 23 artículos, incorporar otros 23 y sumar cuatro capítulos nuevos.
Fin de las reelecciones y cambios electorales
Uno de los puntos más fuertes que tratará la Convención será la modificación del artículo 147, buscando establecer la prohibición absoluta de reelección para el cargo de Gobernador después de dos períodos (consecutivos o alternados). A los fines de esta limitación, el actual mandato 2023-2027 será computado como el primero. Además, se habilitará el debate para incorporar el sistema de balotaje o doble vuelta.
En materia legislativa, se buscará unificar el calendario electoral: las cámaras de Diputados y Senadores (y los Concejos Deliberantes) pasarían a renovarse en su totalidad cada cuatro años, coincidiendo con la elección a gobernador. Esto pondría fin a las elecciones de medio término, reduciendo costos y fatiga electoral. Asimismo, se propone extender el período de sesiones ordinarias, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre.
Justicia, agua e innovación tecnológica
En cuanto al sistema judicial, la reforma apuntará a garantizar la independencia del Ministerio Público, separándolo del Poder Judicial, y se buscará establecer un límite de 75 años de edad para los magistrados y miembros del Tribunal de Cuentas (aplicable a futuras designaciones). También se modificará la conformación del Consejo de la Magistratura, incorporando representantes del Senado y del ámbito académico.
Por otro lado, se debatirá la jerarquización constitucional del agua como un derecho humano y recurso estratégico, cuya administración quedaría bajo la órbita de un funcionario técnico con un mandato de cinco años para despolitizar su gestión.
Finalmente, la reforma prevé incorporar principios de avanzada vinculados a las nuevas tecnologías, como el uso ético de la inteligencia artificial, la protección de la identidad digital frente a algoritmos, el hábeas data y el acceso universal a la conectividad.