La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi. Con una batería de beneficios impositivos, financiamiento y subsidios al empleo, la iniciativa busca potenciar la inversión privada y crear nuevos puestos de trabajo formales en toda la provincia.
Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría (27 a 11) la creación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE). La normativa, que ya contaba con media sanción del Senado, se convierte así en una herramienta fundamental del Gobierno provincial para reactivar la economía local.

El RIPEE establece un marco integral orientado a facilitar y atraer inversiones de múltiples rubros, incluyendo actividades agropecuarias, industriales, mineras, turísticas, tecnológicas y, por primera vez en la historia de estos regímenes, al sector comercial. Podrán acceder tanto personas humanas como jurídicas.

La ley se estructura sobre cuatro ejes estratégicos:

  • Beneficios tributarios: Exenciones de hasta 15 años en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores para nuevas inversiones, además de créditos fiscales.
  • Subsidio al empleo: Acompañamiento económico decreciente (por dos años) para empleadores que incorporen a beneficiarios del Plan de Inclusión a sus planillas de manera formal, sin reemplazar personal existente.
  • Financiamiento: Líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia y fondos de garantía para respaldar proyectos privados.
  • Gestión de inmuebles fiscales: El Estado podrá destinar bienes de su dominio privado para proyectos productivos que generen empleo.

Durante la sesión, la diputada informante Eugenia Gallardo destacó que esta ley activa "un círculo virtuoso que impulsa el consumo, promueve el desarrollo de proveedores locales y fundamentalmente crea oportunidades de trabajo". Además, resaltó la institucionalización de las mesas sectoriales como espacios permanentes de diálogo público-privado.

Por su parte, el diputado Nicolás González Ferro valoró el programa como "un mecanismo de inserción laboral innovador" que permitirá a muchos sanluiseños dar el salto de los planes sociales hacia un empleo registrado y sostenible.

Con esta sanción, San Luis declara la promoción del desarrollo económico como política de Estado, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica a quienes decidan apostar e invertir en la provincia.