💣⚖️ La presentación fue realizada por la abogada Virginia Marta Cassola y quedó radicada en el Juzgado Federal N°11, subrogado actualmente por Ariel Lijo. La denuncia alcanza también a directivos y accionistas de Central Puerto.

💰 El eje de la presentación está puesto en una operación realizada por Central Puerto, empresa vinculada al empresario Nicolás “Nicky” Caputo. La compañía había invertido aproximadamente US$25,5 millones en 2024 para adquirir cerca del 9,9% de AbraSilver, propietaria del proyecto Diablillos.

📈 En septiembre de 2026, Central Puerto comunicó la venta de la totalidad de esa participación por unos US$163,1 millones. La diferencia entre la inversión inicial y el monto de venta representó una ganancia aproximada de US$137,6 millones, equivalente a una rentabilidad cercana al 539% en dólares.

⛏️ El proyecto Diablillos, de oro y plata, está ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca y fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

📄 Luis Caputo firmó la Resolución 562/2026, mediante la cual se aprobó la adhesión de Diablillos al RIGI. La empresa AbraSilver había presentado formalmente la solicitud de ingreso al régimen en noviembre de 2025.

🔎 La denuncia busca determinar si existió alguna intervención irregular de funcionarios en el proceso de aprobación y si Central Puerto pudo haber accedido a información no pública antes de concretarse la operación de venta.

La presentación judicial plantea posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación y utilización o suministro indebido de información privilegiada o reservada.

⚠️ Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine que Caputo o los directivos de Central Puerto hayan cometido esos delitos. La denuncia solicita que esos hechos sean investigados y probados por la Justicia.

🏛️ El caso pone bajo la lupa la relación entre las decisiones del Estado, los beneficios otorgados mediante el RIGI y las operaciones realizadas por empresas privadas que participan de proyectos alcanzados por ese régimen.

Ahora, la Justicia deberá determinar si existió alguna irregularidad, si hubo utilización de información reservada y si existe una relación entre la aprobación del RIGI para Diablillos y la millonaria operación realizada posteriormente por Central Puerto.