La crisis que atraviesa el sistema de casinos de Mendoza sumó un nuevo capítulo durante 2026 con denuncias de despidos, incertidumbre laboral y una profunda reestructuración impulsada por el Gobierno provincial. El conflicto se agravó tras el incendio que destruyó gran parte del Casino de San Martín, una de las salas más importantes del sistema provincial de juegos. 

El incendio que cambió todo
El 11 de marzo de 2026 un incendio de grandes dimensiones arrasó la Sala Este del Casino de Mendoza ubicada en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín. Las llamas provocaron pérdidas prácticamente totales en el sector de máquinas y obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia con bomberos de distintos departamentos mendocinos. 

Aunque no hubo víctimas fatales, el impacto económico fue inmediato. La sala era considerada una de las más rentables del sistema provincial y su cierre dejó un fuerte agujero financiero en la recaudación del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). 

Los despidos y el reclamo de los trabajadores
Tras el incendio comenzaron a surgir denuncias de trabajadores desvinculados de la empresa concesionaria que operaba el casino. Ex empleados aseguraron que no recibieron salarios pendientes ni liquidaciones finales dentro de los plazos legales. 

Los afectados señalaron que los despidos alcanzaron distintas áreas:
Sala de juegos.
Monitoreo.
Limpieza.
Recepción.
Seguridad.
Marketing.
Personal administrativo. 

Según los testimonios difundidos por medios mendocinos, muchos trabajadores denunciaron falta de respuestas por parte de la empresa y comenzaron a organizar reclamos colectivos para exigir el pago de haberes e indemnizaciones. 

¿Fueron 40 los despedidos?
Las cifras varían según las fuentes y el momento del conflicto. Algunas publicaciones hablan de decenas de trabajadores desvinculados, mientras que otras señalan que la planta total vinculada al casino rondaba entre 100 y 110 personas entre empleados estatales y privados. 

Dentro de ese universo laboral, los trabajadores denuncian que alrededor de 40 empleados habrían quedado afectados directamente por los despidos y la paralización de actividades posteriores al incendio.                  
La respuesta del Gobierno de Mendoza
Mientras avanzaban los reclamos laborales, el Gobierno provincial presentó un proyecto para reorganizar el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. La iniciativa contempla:
Reducción de estructuras administrativas.
Reasignación de funciones.
Retiros voluntarios.
Reubicación de empleados estatales.
Reingeniería financiera del organismo. 

El IPJyC informó además que garantizaría la continuidad laboral de unos 50 trabajadores estatales que prestaban funciones en el casino incendiado, aunque aclaró que los empleados dependientes de empresas privadas concesionarias no quedarían bajo responsabilidad directa de la Provincia. 

Un conflicto que puede profundizarse
La combinación entre caída de ingresos, cierre de una de las salas más rentables y la discusión sobre el futuro del sistema de juegos abrió un escenario de tensión política y sindical en Mendoza. Diversos sectores advierten que la reestructuración podría derivar en nuevos conflictos laborales durante los próximos meses. 

Al mismo tiempo, la investigación sobre las causas del incendio continúa en manos de la Justicia, mientras el futuro operativo del Casino de San Martín sigue siendo una incógnita. 

Contexto nacional
El conflicto mendocino ocurre en un contexto económico complejo para distintos sectores productivos y estatales de Argentina. Durante 2026 se registraron múltiples procesos de ajuste, reestructuración y reducción de personal en organismos públicos y empresas privadas, generando preocupación por el empleo en varias provincias del país. 

En Mendoza, el caso del Casino de San Martín se convirtió en uno de los episodios más visibles de esta situación, combinando una emergencia edilicia, pérdidas millonarias y un fuerte impacto social sobre decenas de familias que hoy esperan definiciones sobre su futuro laboral.