🚨🛣️ El caso apunta al denominado Tramo Centro, un corredor de aproximadamente 681 kilómetros que conecta sectores estratégicos de Santa Fe y Córdoba, incluidos tramos de las rutas nacionales 9, 19 y 34. La concesión fue otorgada por un plazo de 20 años e incluye estaciones de peaje existentes y la construcción de otras nuevas.

🏗️ La adjudicación quedó en manos de un consorcio integrado por Afema S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., una empresa vinculada a la familia del exfuncionario. La resolución oficial estableció la concesión del corredor dentro del proceso de reorganización y privatización de la red vial nacional.

⚖️ ¿QUÉ CUESTIONA LA DENUNCIA?

Pagano sostiene que el esquema de concesiones fue diseñado y estructurado durante la gestión de Mogetta, quien estuvo al frente de la Secretaría de Transporte entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. Aunque la adjudicación del Tramo Centro se concretó en agosto de 2026, la legisladora busca determinar si las decisiones tomadas durante su paso por el Gobierno pudieron beneficiar posteriormente a su entorno familiar.

💰 La presentación también solicita investigar contratos de obras públicas que habría obtenido una empresa de la familia Mogetta en Catamarca durante 2024, cuando el exfuncionario todavía integraba el Gobierno nacional. El planteo apunta a establecer el origen de los fondos y si existió alguna intervención vinculada con su cargo.

🔎 LOS CONTROLES BAJO LA LUPA

La denuncia incluye posibles irregularidades relacionadas con negociaciones incompatibles con la función pública, uso de información reservada y eventuales incumplimientos de las normas de ética pública, entre otras figuras que deberán ser analizadas por la Justicia.

📌 Un punto central será determinar qué participación tuvo Mogetta en el diseño de los pliegos, si existieron conflictos de intereses y qué controles realizaron los organismos responsables antes de adjudicar la concesión.

⚠️ La denuncia no constituye una condena ni demuestra por sí sola la existencia de un delito. La adjudicación fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Economía y será la investigación judicial la que deberá establecer si hubo irregularidades o responsabilidades penales.

🇦🇷 El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control en las concesiones viales nacionales y sobre las garantías necesarias para evitar que los vínculos personales o familiares interfieran en la contratación pública.