La Justicia de San Luis notificó a cuatro nuevas personas en el marco de la investigación por el millonario desvío de fondos en el organismo provincial. La ex diputada Anabela Lucero, señalada como jefa de la asociación ilícita, continúa en prisión preventiva. El perjuicio económico rondaría los 900 millones de pesos.

La causa judicial que investiga el vaciamiento y los hechos de corrupción en el Molino Fénix durante la gestión provincial anterior sumó un nuevo y contundente avance. En las últimas horas, la Fiscalía Nº 3 confirmó nuevas imputaciones y notificó formalmente a cuatro personas en carácter de sospechosos, elevando a diez el número total de acusados en el expediente.

A través de una resolución firmada por el fiscal adjunto Marcelo Palacio, los nuevos involucrados fueron identificados como Mauro Gustavo Aguilar (comerciante local); Carlos Jalid Ismael (quien realizaba tareas contables en el organismo); y Germán Lunardi y Hugo Orlando Escudero (ambos del área de mantenimiento). Las imputaciones que recaen sobre ellos incluyen coautoría en asociación ilícita, fraude a la administración pública, peculado y destrucción de pruebas.

Una organización liderada por funcionarios

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la ex diputada Anabela Lucero y el actual legislador Joaquín Beltrán operaban como los jefes de esta organización delictiva que se valió de sus posiciones para sustraer bienes y desviar fondos públicos. El dinero extraído, cuyo daño económico preliminar se calcula en unos 900 millones de pesos, habría sido utilizado para beneficio personal, de terceros y para financiar campañas políticas.

Por estos graves delitos, Anabela Lucero se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el pasado 24 de agosto, al igual que su hermano, Enzo Lucero, y su cuñado, Exequiel Scarel. Además, la causa mantiene bajo prisión domiciliaria a Diego Torres (el único que declaró y confirmó la destrucción de documentos) y en prisión preventiva al empresario Cristian Becher, acusado de facilitar la maniobra mediante facturación falsa.

De cara a los próximos pasos procesales, el fiscal José Olguín adelantó que solicitará una extensión del encarcelamiento preventivo por dos meses más para Lucero y sus familiares, tiempo límite con el que cuenta la Fiscalía para concluir la investigación y elevar el escándalo a juicio oral.