⚖️Los imputados en la causa son el exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, y el exdirector de Ética y Legalidad, Darío Oviedo Helfenberger. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025.

📌 EL DEBATE POR QUIÉNES PUEDEN SER QUERELLANTES

La controversia gira en torno a la participación de las firmas Galia Norte y San Jorge Cereales como querellantes. El juez de Garantía N.º 1 había dispuesto que continuaran interviniendo en el expediente, decisión que ahora fue cuestionada.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y la defensa de Bazla solicitaron que se revoque esa resolución y que se mantenga el criterio fiscal que había dispuesto retirarles la calidad de querellantes.

⚖️ EL ARGUMENTO DE LA FISCALÍA

El fiscal de Instrucción sostuvo que los hechos investigados serían delitos contra la Administración Pública y que el principal damnificado sería el Estado provincial, no las empresas que pretenden intervenir como parte acusadora.

Desde esa perspectiva, la Fiscalía considera que las firmas no deberían conservar la condición de querellantes en esta causa.

La Fiscalía de Estado también planteó que la decisión judicial habría excedido las facultades correspondientes al Ministerio Público Fiscal, al modificar el criterio sobre la legitimación de las empresas para intervenir en el proceso.

🔎 UNA DISCUSIÓN QUE PUEDE INCIDIR EN LA INVESTIGACIÓN

La condición de querellante permite a una persona o entidad intervenir activamente en una causa penal, formular planteos y aportar pruebas. Por eso, la decisión sobre la continuidad de las empresas tiene consecuencias procesales concretas.

El debate no determina por sí mismo la responsabilidad penal de los imputados ni resuelve el fondo de la investigación. Se trata de una controversia sobre quiénes están habilitados para participar como acusadores particulares.

📍 EL CASO EL CABURÉ SIGUE EN LA JUSTICIA

La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades vinculadas con la administración y explotación del campo El Caburé, un inmueble rural que volvió a manos del Estado provincial después de incumplimientos contractuales.

Tanto Bazla como Oviedo fueron imputados en el expediente y conservan el derecho a ejercer su defensa. Las responsabilidades que se investigan deberán ser determinadas por la Justicia.

La nueva instancia judicial mantiene abierto el debate sobre el papel de las empresas denunciantes y las atribuciones de los distintos organismos que intervienen en una causa que involucra a exfuncionarios provinciales.