El escándalo político y judicial por la criptomoneda $LIBRA vuelve a tomar impulso en el Congreso. Diputados que integraron la comisión investigadora convocaron a una conferencia de prensa para exponer nuevas revelaciones surgidas en la causa que involucra al presidente Javier Milei.
La convocatoria fue anunciada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados para analizar el caso. El legislador aseguró que el mandatario deberá dar explicaciones ante el Congreso tras los últimos avances judiciales.
Nuevas pruebas en la causa
La investigación judicial avanzó luego de que peritos analizaran el celular del empresario Mauricio Novelli, uno de los intermediarios vinculados al lanzamiento del token. En ese dispositivo se halló documentación y registros de comunicaciones que podrían aportar nuevos elementos sobre la relación entre los promotores del proyecto y el entorno presidencial.
Ferraro sostuvo que la comisión logró identificar al menos 16 ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de personas relacionadas con el lanzamiento de la criptomoneda. También se detectaron transferencias de dinero y comunicaciones entre los involucrados en fechas cercanas al lanzamiento del activo digital.
Un escándalo que comenzó en 2025
El caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando la criptomoneda $LIBRA y compartiendo el contrato del token. Tras el respaldo presidencial, el valor del activo digital se disparó en pocos minutos y luego se desplomó, generando fuertes pérdidas para miles de inversores.
El propio Milei eliminó el mensaje horas después y aseguró que no estaba interiorizado en los detalles del proyecto. Sin embargo, los investigadores buscan determinar si existieron vínculos previos entre el mandatario, su entorno y los promotores de la criptomoneda.
Posibles derivaciones políticas
La comisión investigadora presentará esta tarde en el Congreso la documentación recopilada durante meses de trabajo, que será puesta a disposición de la Justicia federal.
Ferraro remarcó que, más allá de las responsabilidades judiciales, el caso también tiene una dimensión institucional debido a que involucra la investidura presidencial.
En ese marco, diputados de distintos bloques anticiparon que el Congreso evaluará los próximos pasos políticos una vez conocidos todos los elementos de la investigación.