Con datos del Gobierno nacional, el gremio afirmó que la Provincia cuenta con millonarios recursos en el Banco Central para hacer frente a la crisis. Señalaron que la inflación acumulada arrasó con los ingresos y triplicó los incrementos otorgados al sector público.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis emitió un duro pronunciamiento contra la política económica de la gestión de Claudio Poggi, acusando al Gobierno provincial de ejecutar un esquema de "pobreza planificada" sobre los trabajadores de la administración pública.
Respaldados en cifras de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía de la Nación, desde el gremio sostienen que el Ejecutivo cuenta con el margen financiero suficiente para responder a los reclamos salariales sin comprometer las arcas públicas. Según el informe exhibido por la entidad sindical, correspondiente al primer trimestre de 2026, la provincia de San Luis presenta un stock de deuda consolidado y en moneda extranjera del 0,0%.
Reservas millonarias y salarios atrasados
En su reclamo, el sindicato destacó que los depósitos del Estado provincial en el Banco Central alcanzan cifras abultadas, superando los $800.000 millones en el Fondo Único de Cuentas Oficiales (FUCO) e integrando además reservas por 39 millones de dólares. A pesar de este panorama de solvencia fiscal, la conducción gremial remarcó el severo y crítico retraso de los haberes frente a la evolución del costo de vida.
De acuerdo con las mediciones oficiales del IPC citadas en el documento, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada en San Luis alcanzó el 239,62%, propulsada fuertemente por subas drásticas en servicios esenciales como vivienda, agua, luz y gas, que escalaron más del 530%. En contraste, los incrementos salariales otorgados al sector público en ese mismo período sumaron apenas un 150,71%.
Para ATE, la enorme brecha entre el costo de la canasta familiar y los sueldos se traduce en una pérdida real del poder adquisitivo superior al 100%, una situación límite que empuja al endeudamiento constante a los trabajadores que sostienen los servicios de salud, educación, seguridad y administración pública.
Ante este diagnóstico, el gremio exigió de manera tajante una recomposición salarial inmediata que logre igualar la inflación acumulada, el fin definitivo del ajuste sobre los salarios estatales y la asignación prioritaria de los fondos provinciales para garantizar la dignidad de todos los empleados