La diputada Mercedes Llano presentó una iniciativa en el Congreso que establece evaluaciones obligatorias de idoneidad mental y funcional para quienes aspiren a la presidencia, bancas legislativas y altos cargos del Ejecutivo. El debate sobre los límites entre la salud mental y la representación democrática.

El proyecto: a quiénes apunta

En medio de un contexto de profundo recelo social hacia la clase dirigente, ingresó al Congreso Nacional un proyecto que promete encender un acalorado debate. La iniciativa, impulsada por la diputada Mercedes Llano, propone establecer la obligatoriedad de una evaluación de "idoneidad psicológica y funcional" para acceder a cargos de alto mando en el Estado.

El filtro no sería exclusivo para un sector: aplicaría a candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación, legisladores nacionales electos y a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo a quienes ocupen cargos de confianza política.

¿Qué evaluaría el examen?

El objetivo central del proyecto es garantizar que quienes definen el rumbo del país cuenten con las aptitudes necesarias para el ejercicio responsable, ético y constitucional de sus funciones.

Para ello, los exámenes que estarían a cargo de un cuerpo de profesionales de la psicología del sector público o privado medirían aspectos fundamentales del comportamiento: el juicio crítico y ético, la capacidad para regular y controlar las emociones, la empatía y el nivel de respeto por las normas.

Además, según detalló la propia autora de la iniciativa en recientes declaraciones radiales, el test buscaría identificar perfiles problemáticos para la función pública, evaluando específicamente rasgos de narcisismo y psicopatía, con el fin de evitar que personas busquen obtener "réditos personales explotando a su servicio los recursos públicos".

El argumento: predicar con el ejemplo

La fundamentación de la ley se apoya en una comparación directa con otros sectores del Estado. Actualmente, las evaluaciones psicológicas son un requisito excluyente para ingresar a las fuerzas de seguridad, a la policía o al sistema educativo.

Bajo la premisa de que "es necesario dar el ejemplo desde los ámbitos colegiados", el proyecto cuestiona por qué se exige idoneidad mental a un docente o a un oficial de policía, pero no a quienes toman las decisiones que afectan el destino de millones de ciudadanos.

Un debate complejo en puerta

La propuesta abre interrogantes profundos. Si bien gran parte de la ciudadanía podría ver con buenos ojos un filtro de sensatez para la política, su implementación práctica plantea desafíos constitucionales y éticos: ¿quién define el estándar de "normalidad" para ejercer un cargo?, ¿podría utilizarse esta herramienta como un mecanismo de proscripción para candidatos disruptivos o incómodos para el sistema?

El proyecto de Ley de Idoneidad Psicológica ya está sobre la mesa, pero su verdadero desafío será lograr el consenso necesario para ser aprobado en un Congreso donde, paradójicamente, los propios evaluados serán quienes deban votar su implementación.