La exsecretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, enfrentará un juicio oral por presunta malversación de fondos públicos en una causa que investiga el manejo de recursos estatales durante la etapa final de la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
El proceso judicial está previsto para comenzar el lunes 17 de marzo, cuando el tribunal provincial inicie el debate oral que analizará una serie de operaciones financieras realizadas durante 2023.
La causa sostiene que la exfuncionaria habría utilizado recursos del Estado para beneficiar al San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía mientras ocupaba el cargo público, una situación que para la fiscalía configuraría un claro conflicto de intereses.
Transferencias al club
Uno de los principales puntos que se debatirán en el juicio son 188 transferencias realizadas desde la Secretaría de Deportes hacia el San Luis Fútbol Club.
Según la investigación, los fondos públicos fueron utilizados para cubrir gastos del equipo, entre ellos transporte, alojamiento, indumentaria deportiva, equipamiento y otros costos operativos vinculados a la actividad del club.
La fiscalía sostiene que esas operaciones habrían sido autorizadas mientras Ramírez mantenía vínculos directivos con la institución beneficiada, lo que podría encuadrarse como una negociación incompatible con la función pública.
La compra de un colectivo bajo la lupa
El segundo eje central del expediente se relaciona con la compra de un colectivo Volvo modelo 2018, destinado al traslado del plantel del club.
La operación se realizó mediante un subsidio estatal cercano a los $290 millones, aprobado en noviembre de 2023, poco antes del cambio de gobierno provincial.
Sin embargo, peritajes incorporados a la causa estimaron que el valor real del vehículo rondaba los $114 millones, lo que implicaría un sobreprecio cercano a los $175 millones.
Los delitos que se investigan
Por estos hechos, la exfuncionaria llega al juicio imputada por varios delitos vinculados a la administración pública, entre ellos:
- Peculado o malversación de fondos públicos
- Fraude a la administración pública
- Negociaciones incompatibles con la función pública
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público
La fiscalía solicitaría penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque la resolución final dependerá del tribunal tras el debate oral.
Un proceso con fuerte impacto político
El juicio genera expectativa en el ámbito político provincial, ya que se trata de una de las causas más relevantes vinculadas al manejo de fondos públicos en el área deportiva de San Luis en los últimos años.
Durante el proceso declararán funcionarios, peritos y testigos que participaron en las operaciones investigadas, mientras que el tribunal deberá determinar si existió un esquema para canalizar recursos estatales hacia una entidad privada vinculada a la propia funcionaria.